El presidente del Gobierno, lo único que anunció que salvaría del proyecto que presentó el ex ministro Gallardón el pasado 23 de septiembre, fue que «las menores de 16 o 17 años necesitarán del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo», y ni siquiera este punto se ha visto aún plasmado en ningún texto normativo, a pesar de la contestación que tuvo su anuncio de retirar el proyecto de ley de Gallardón, que llevó a un millón y medio de ciudadanos, según los participantes, a manifestarse por las calles de Madrid en contra de la decisión.
La única forma que ha encontrado el Ejecutivo para cambiar la parte que afecta a los menores es incluir este punto dentro del proyecto de Ley de Protección a la Infancia, a pesar de que el informe del Consejo de Estado no aprueba esta vía. De esta forma, y tal y como adelantó el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, esta norma tampoco se aprobará antes de que termine el año ?sólo quedan dos viernes para fin de año?: «Necesito algo más de tiempo. Si me dan hasta enero se lo agradecería», afirmó en una entrevista reciente.
Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, afirma que siempre «aplaudirán lo bueno», como el paquete de medidas de ayuda a la maternidad aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Sin embargo, también tienen claro que «una pequeña modificación en una ley que maquille el problema no va a cambiar la realidad», pues no perciben que «el Gobierno se esté moviendo». Más bien, «se está mirando hacia otro lado, no sabemos si de forma consciente o por miedo». Y así, «cada día que pasa es una oportunidad que pierde».
Además, la federación continúa instando al Tribunal Constitucional para que se defina sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP sobre la vigente «ley Aído». «Pedimos su suspensión cautelar, aunque no se puedan recuperar las vidas perdidas hasta ahora». De acuerdo con los datos de Sanidad, en 2012, más de 112.000 mujeres abortaron en nuestro país
