La mujer tiene derecho a decidir ser madre o no. Verdad incontestable. Nadie la puede obligar. Pero cuando una mujer ha iniciado una gestación, lo quiera o no, ya ha hecho la elección: es madre. Y parece que se olvida. Pero tiene derecho también a que se reconozca el esfuerzo que supone la maternidad en su vida así como el valor, el trabajo y la insustituible función que aporta a la sociedad. Este reconocimiento al desgaste físico y psicológico que supone la gestación es precario en nuestra sociedad. Y sólo las personas del sexo femenino, lo quieran o no los varones, pueden prestarlo. Quizás por ello estos derechos están tan olvidados.
El anteproyecto de ley de derechos del concebido, que tanta polémica está suscitando, si no está acompañado de un decidido apoyo a la mujer, queda muy incompleto. Castilla y León desde Diciembre del 2008 tiene publicada de manera pionera con respecto a otras autonomías, la Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada (ley 14/2008). La Ley, aprobada sin votos en contra, prometía como ley avanzada y decididamente feminista y progresista: se reconocía esta función social y se apoyaba a la mujer cuando ésta tiene dificultades para mantener su embarazo por razones de índole social, económica o psicológica.
Era una ley que hablaba de justicia, de libertad y de vida. De justicia con la mujer, única capaz, a través de su maternidad de garantizar el recambio generacional y mejorar los bajos índices de natalidad de nuestra Comunidad. De libertad, intentando que la mujer fuera realmente libre en la toma de decisiones y no coaccionada por un entorno social, económico o laboral desfavorable, como tantas veces hemos observado desde RedMadre Castilla y León, asociación sin ánimo de lucro, que presido.
Y de vida. La mujer embarazada es madre y tiene una vida en su interior diferente a ella. Y el varón, del que nadie parece acordarse cuando se habla de embarazo, es padre. No hay dudas razonables. La evidencia científica es contundente e ignorarla es falsear la verdad. La vida humana se inicia en la fecundación producto de la unión de los gametos masculinos y femeninos. Y este hecho, no solo en humanos, sino en otras especies, evidencia que la vida individual se origina al formarse el patrimonio genético del individuo que le definirá para siempre como un ser diferente. Y si alguien tuviese dudas al respecto, la más elemental consideración ética debe llevar a aplicar una presunción de humanidad o presunción de vida, pues no es admisible asumir el riesgo de eliminar a un hombre sobre la base de la duda.
Soy mujer, y presidenta de RedMadre Castilla y León, y desde nuestra ya larga experiencia en nuestra autonomía, hemos observado que el aborto no es una conquista feminista a la que no se puede renunciar, sino, en la gran mayoría de los casos, es una solución machista a un problema de todos. El aborto es la solución fácil, barata y garantía última de la irresponsabilidad sexual del varón, que gracias a él, deja en manos de la mujer toda la responsabilidad de las relaciones sexuales. Gracias al aborto, el varón se desentiende de las consecuencias de su actividad sexual abocando a la mujer a abortar (y es ella quien cargará con el peso físico, psicológico y vital de esta decisión). Y si decide mantener el embarazo, a asumir las consecuencias y responsabilidades sobre el niño. El aborto es violencia de género contra la mujer en muchísimas ocasiones, siendo forzada a «liberar» a su entorno del problema que supone la vida ya puesta en marcha en su interior.
A principios del siglo XX los partidos llamados de izquierda, estaban absolutamente en contra del aborto porque conocían que esa era la realidad. Era la manera fácil de solucionar el derecho de pernada de los señoritos. Desde los años 50 del siglo XX cambiaron de estrategia. No es cuestión de derechas ni de izquierdas, pero la mujer en esta situación se la está dejando sola. Y la sociedad calla, calla y calla como si el problema no existiera.
Castilla y León está despoblada. El gran problema en esta autonomía es el envejecimiento de la población que hace peligrar la subsistencia de nuestras pensiones, de nuestra sociedad. La Agenda de Población impulsada hace unos años no parece muy eficaz en resultados. El ayudar y apoyar el embarazo, a la familia, es ayudar a la recuperación de nuestra maltrecha economía y a nuestra Comunidad. Es preciso impulsar el mayor capital que tiene una sociedad: sus ciudadanos. Y en momentos de crisis apremia priorizar lo importante. Y lo importante no es siempre lo urgente ni inmediato.
La ley de derechos del concebido tiene que ir en paralelo con la puesta en marcha de manera eficiente, palpable y contundente de la ley de apoyo a la mujer embarazada. Las mujeres, la sociedad entera, tendrían que notar el apoyo que reciben ante la gestación de un nuevo ciudadano castellanoleonés. Tenemos derecho a decidir a ser madres, es verdad. Pero cuando ya lo somos, faltando exclusivamente unos 9 meses para que el nuevo ciudadano tenga sus derechos legales como tal, la mujer embarazada tendría que ser «mimada» a través de leyes en el ámbito laboral, fiscal, educativo, social; tal y como se ha hecho ya en otros países del norte de Europa, más progresistas que el nuestro, que así han logrado facilitar la maternidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir las mujeres solas ante un nuevo embarazo?
