La mujer ha sido en nuestro país víctima de una política y una cultura que la aboca literalmente a la falaz y dramática solución del aborto, de quienes sólo se han beneficiado unos cuantos empresarios abortistas, con graves consecuencias para las madres más vulnerables y en riesgo de exclusión social, así como para la vida de más de dos millones de españoles que no verán jamás la luz del día.

Hay algo esclarecedor en el actual debate sobre el aborto que estamos viviendo en España, y es que todas las partes involucradas, independientemente de su postura provida o abortista, coinciden en que el aborto representa un drama para la inmensa mayoría de las madres y un fracaso para el conjunto de la sociedad.

Nadie pone en entredicho la trágica situación a que se ven sometidas las madres cuando han de habérselas con una decisión a vida o muerte sobre sus propios hijos, tengan o no claro si se trata sólo de un ser vivo desprovisto de especie o de un ser humano en los cruciales inicios de su desarrollo.

Aunque prácticamente ninguna mujer embarazada, es decir, casi ninguna madre, sostiene en el fondo de su conciencia y de su corazón, aún en momentos de mayor duda y confusión, que el misterio de la vida que anida en su propio vientre sea un simple amasijo de células en permanente multiplicación. De lo contrario, no tendría sentido hablar como lo hacemos todos del aborto como drama, ni estaríamos tratando las secuelas psicológicas de aquellas madre que optaron por tan falaz solución, o intentando prevenirlas por parte de los psicólogos que trabajan en las mismas clínicas abortivas.

Esa esclarecedora coincidencia es además alentadora, en el sentido de que debiera llevarnos a todos a caer en la cuenta de algo que es inexcusable e irrebatible: y es que reconociéndose por todas las partes que se trata casi siempre de un drama para la mujer que acarrea, antes o después, secuelas y trastornos psicológicos que incluso reconocen las clínicas abortivas, debiéramos también aceptar o siquiera sospechar que algo hay interfiriendo en la supuesta libertad de las mujeres a la hora de optar por el aborto, porque nadie en su sano juicio quiere sufrir ni vivir tragedia alguna excepto que sea bajo presión o engaño.

Por otra parte, es un hecho objetivo del que ha venido dando cuenta la Fundación REDMADRE, que el 80% de las madres que recibieron algún tipo de ayuda y, fundamentalmente, el cariño y apoyo de sus voluntarios, decidieron revertir su original decisión de abortar por la de llevar adelante sus embarazos, convirtiéndose en madres de niños vivos y disfrutando de la felicidad que siempre y en todos los casos acarrea la maternidad, aún rodeadas en muchos casos de no pocas dificultades de diversa índole. Dándose además el luminoso hecho de que no conocemos ninguna madre que se haya arrepentido de haber dado a luz a su hijo.

Si todos reconocemos la condición dramática de cualquier tipo de aborto, si es un hecho hasta qué punto las ayudas y el apoyo del Estado y la sociedad civil pueden influir en la decisión de las madres para llevar a cabo sus embarazos, ¿qué nos impide ponernos de acuerdo sobre la imperiosa y urgente necesidad de una Ley que apoye por fin la maternidad en España con políticas reales y efectivas, destinando el cuantioso dinero del que hasta la fecha se vienen beneficiando exclusivamente los accionistas de las clínicas abortivas, a que las madres en España no vuelvan a sentirse jamás solas ni abandonadas?

La mujer ha sido en nuestro país víctima de una política y una cultura que la aboca literalmente a la falaz y dramática solución del aborto, de quienes sólo se han beneficiado unos cuantos empresarios abortistas, con graves consecuencias para las madres más vulnerables y en riesgo de exclusión social, así como para la vida de más de dos millones de españoles que no verán jamás la luz del día.

Para acabar con tamaña injusticia y grave daño al bien común, ninguna persona de buena voluntad y amiga de esgrimir argumentos racionales, puede atacar seriamente la promesa y el deseo del actual gobierno para mejorar la suerte de las madres españolas y el derecho de los seres humanos a nacer. Sólo desde posiciones puramente ideológicas, acientíficas y antijurídicas, se puede esgrimir lo contrario.