El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del año 2011, reconoce como formas de violencia contra las mujeres, entre otras, el aborto forzoso, la esterilización y la anticoncepción forzosas.

En España la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, define el aborto forzoso como ‘una forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo que consiste en la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado.’ Pero puede existir un consentimiento que se haya arrancado con coacción y/o violencia.

Se habla tan poco de este tema que pareciera que en España estas situaciones no han ocurrido, ni ocurren.

La cuestión no trata de si las mujeres han firmado o no el documento de ‘Consentimiento Informado’ que es preceptivo antes de la realización de un aborto (porque si el documento no se hubiera firmado, entonces sería un delito del sanitario que realizó el aborto, delito ya tipificado por el Código Penal). La cuestión trata de que hay mujeres que lo han firmado inducidas, presionadas, chantajeadas o forzadas por diferentes personas que tienen un interés especial en que el aborto se produzca (por lo general la pareja o algunos familiares de la mujer)

En el transcurso de este verano he escuchado el testimonio de dos mujeres que públicamente han declarado haber sido obligadas a abortar. Una fue obligada en 7 embarazos. Fue un testimonio desgarrador, se me encogió el corazón al oír el relato de cómo nadie del abortorio, viéndola llegar llorando y con la pareja tomando decisiones, le consultó en privado si verdaderamente quería abortar.

No ha pasado un mes de ese testimonio cuando en Redes Sociales una mujer, conocida por haber estado en un ‘reality’, hace unas declaraciones acerca de su embarazo y la presión que realizaron sobre ella para que abortara. Ella acabó abortando.

Ha habido algunas condenas a maltratadores que obligaron a sus parejas a abortar, ¡pocas!, porque las mujeres, por miedo, no denuncian el maltrato en general ni el aborto forzoso en particular.

Acabamos de presentar la Memoria de Actividades de la Fundación REDMADRE, del año 2023, y, por desgracia, cada vez es mayor el número de embarazadas que declaran sufrir violencia: 414 embarazadas en 2023 (no sabemos cuántas la sufren y no lo dicen)

Ha llegado el momento de que tanto la sociedad como las administraciones públicas reconozcan esta realidad y se proteja y apoye a las mujeres embarazadas que viven esta situación para que ninguna más sea violentada a abortar.

En la Fundación REDMADRE llevamos 17 años denunciando la situación y, sobre todo, apoyando a aquellas mujeres que recurren a nosotros y nos cuentan que son presionadas para abortar. Gracias al trabajo de los 1.000 voluntarios con los que contamos en toda España muchas de ellas superan la presión y deciden continuar con el embarazo.