La sabiduría popular ha identificado -con acierto- como «vientre de alquiler» lo que otros finamente llaman «maternidad subrogada». La expresión popular nos sugiere con precisión de qué hablamos: los que proponen la legalización de la «maternidad subrogada» están pidiendo que sea legal que una persona o pareja suscriban un contrato con una mujer en cuya virtud ésta, con retribución o sin ella, alquila su cuerpo y su capacidad de embarazo a fin de concebir y desarrollar el embarazo de un niño que, una vez nacido, será a todos los efectos hijo de los contratantes y no de la mujer que lo ha parido. Es decir, con este contrato que se propone legalizar, la mujer y su cuerpo pasan a ser objeto de contratación mercantil y el niño se convierte en objeto de comercio. Aún suponiendo que fuese un contrato sin contraprestación económica -cosa difícil de imaginar con carácter general- la realidad es que se alquila el cuerpo de la mujer y se transmite el niño como si de una cosa se tratase.

Esta es la realidad de las cosas al margen de los sentimientos subjetivos de los participantes potenciales en ese tipo de contratos. No voy a juzgar los deseos de una pareja infértil de tener un hijo, pero sí digo que el medio que se propone, la legalización de la llamada maternidad subrogada, supone un retroceso en materia de derechos humanos sumamente preocupante, tanto para la mujer como para los niños, de consecuencias negativas incalculables para la dignidad de mujeres y niños por el precedente que supone de cosificación de unas y otros a efectos del tráfico mercantil. Los deseos subjetivos no son lo único relevante para decidir las leyes; pues, si el deseo es la ley, sobran las leyes.

No todo fin noble justifica cualquier medio para satisfacerlo. La dignidad objetiva de la mujer que se proyecta en su cuerpo y la dignidad del niño que impide aceptar que pueda ser adquirido como si de una cosa se tratase, impiden legalizar este tipo de contratos de «vientres de alquiler» o «maternidad subrogada».

Para algunos, la lógica del deseo, la lógica del mercado, es la razón última para legislar. Para mí la dignidad humana  -la de las mujeres y los niños- está por encima de esa lógica del deseo y del mercado: ni el cuerpo de las mujeres ni los niños pueden alquilarse ni comprarse en el mercado. El legislador que permitiese esto, estaría abdicando de la defensa de la dignidad de las mujeres y los niños por mucho buenismo sentimental que se ponga encima de la mesa.

No he hecho referencia a los abusos que se producen ya en este mercado de los «vientres de alquiler» y de los que la prensa nos informa periódicamente, porque cuando de derechos humanos se trata hay que ir a los principios: no se trata solo de evitar abusos clamorosos, sino de ser congruentes con la dignidad humana siempre y sin excepciones.

Por último, quiero dejar constancia de que es absolutamente falso el argumento falaz de quienes piden la legalización de estos contratos para evitar que «haya niños ilegales o desamparados». Ningún niño está desamparado por la ley, ni siquiera los comprados en virtud de estos contratos ilegales en el tercer mundo abusando de las condiciones de pobreza de sus madres: estos niños en nuestro país están protegidos por la legislación de derechos del niño de Naciones Unidas, europea y nacional. Ninguno está desprotegido.