La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato ha argumentado, esta semana, que el Gobierno no ha planteado «ningún recorte en la cartera de servicios»,por lo que la Sanidad Pública seguirá «dando cobertura» a los supuestos «amparados legalmente» para la ley del aborto. Es decir, las mujeres que quieran abortar, no van a quedar ‘desamparadas’ por los recortes. A lo mejor no pueden dar de comer a sus familias, por los recortes salariales, el paro, la subida de los precios… ahora bien, eliminar la vida del niño que está por nacer…para eso sí que hay dinero público.

El aborto ha pasado de ser un delito, el cual se encontraba despenalizado en tres supuestos, a ser considerado una prestación sanitaria, pero no una prestación sanitaria cualquiera, al aborto -la eliminación a conciencia de miles de vidas humanas- se le ha concedido un puesto VIP dentro de la sanidad pública, a pesar de que «la misma ley del aborto lo desvincula de toda situación de enfermedad o problema de salud convirtiéndolo en un derecho ejercitable a petición de la mujer sin causa médica alguna» tal y como ha expresado Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia, en nota de prensa.

Pagar los abortos con el dinero público, hoy, constituye un doble ‘delito’. El delito de cometer una violación a conciencia y a sangre fría del principal derecho inalienable del ser humano, el derecho a la vida y el delito de ser costeado con el dinero de todos los contribuyentes españoles, que tienen a su cargo familias a las que deben sacar adelante, con congelaciones o bajadas salariales, despidos, subida de impuestos, etc… en definitiva familias que se están empezando a ver en la calle, sin empleo, deshauciados y con hijos y cuyo dinero está siendo empelado para acabar con otras vidas, en lugar de ir destinado a conservar las que en poco tiempo se van a morir de hambre.

El primer recorte que debe asumir el Gobierno es el fin de la financiación pública del aborto que no beneficia a nadie y deja a la mujer marcada de por vida con graves secuelas tanto físicas, -perforaciones uterinas o daños irreversibles en la vagina que dejan esteril a la mujer de por vida- como psicológicas – intentos de suicidio, maltrato a los familiares, destrucción de la unión familiar y matrimonial, culpabilidad ‘imperdonable’ de haber participado en la muerte del hijo, etc…