Nos llega la noticia de la intención del Gobierno de llevar al Consejo de Ministros para su aprobación el anteproyecto de Ley de reforma de la Ley del aborto de 2010, una vez aprobado pasará al Congreso como proyecto de Ley para su tramitación y posterior votación. Entre otras modificaciones está la de permitir el aborto a las menores de edad de entre 16 y 18 años sin el consentimiento de sus padres.

Esta medida rebaja la protección de las menores, al ser abandonadas a sufrir presiones para que recurran al aborto por parte de personas que pueden tener intereses espurios respecto del embarazo, que pueden querer tapar comportamientos delictivos o simplemente que quieren desentenderse del hijo engendrado.

¿Quién va a valorar el grado de libertad con el que la menor solicita el aborto? ¿Por qué el legislador, que hace responsables a los padres de los cuidados de sus hijos a todos los niveles y que penaliza el incumplimiento de sus obligaciones, impide a los padres la protección de una hija menor de edad en un momento tan delicado?

En Fundación REDMADRE recibimos mujeres embarazadas de entre 16 y 18 años relatando que sufren fuertes presiones para que recurran al aborto de parte del padre del hijo que esperan, algunas expresan sufrir maltrato psicológico y otras relatan maltrato físico. Mujeres que nos piden apoyo para continuar con el embarazo. Aquellas que cuentan con el apoyo de su familia superan esta etapa crítica de embarazo y primera crianza con más facilidad y no suelen necesitar nuestro acompañamiento mucho tiempo.

Si la familia es la mejor red de apoyo en momentos de vulnerabilidad ¿Por qué a las menores embarazadas se las quiere abandonar a su suerte?