Para que haya libertad, tiene que haber alternativas. Si a una persona se la coloca ante la disyuntiva de optar por algo gratuito y fácil pero reprobable o por algo profundamente gravoso aunque bueno, no se la está dejando en libertad sino abocándola a hacer lo peor. A veces ser heroicos es exigible, pero el ideal es que no se exija heroicidad para hacer lo que se debe hacer. Por eso, los Estados modernos no se limitan a reconocer derechos sino que han hecho suya la obligación de remover los obstáculos que dificultan su ejercicio como proclama nuestra Constitución en su artículo 9.2 al decir: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.»

Convendría recordar estos principios a quienes -como los parlamentos de Baleares y la Comunidad Valenciana- se empeñan en derogar las escasas normas existentes en España de protección a la maternidad. Así no garantizan la libertad de las mujeres, sino que refuerzan los obstáculos que les impiden sacar adelante su maternidad. Esta forma de razonar de los derogadores de normas de apoyo a la maternidad es profundamente carca, insolidaria e injusta con las mujeres que pasan por circunstancias difíciles a consecuencia de su embarazo.

Antes los autodenominados progresistas se esforzaban por proteger a los más débiles; ahora parece que se dedican con fruición a desprotegerlos. Como se extienda esta forma de hacer política, la maravillosa construcción del Estado del bienestar va a ser desmontada a la vez desde la derecha (en nombre del ahorro en el gasto público) y desde la izquierda (en nombre de una presunta libertad que -se supone- se vería atacada por las políticas públicas solidarias). ¡Qué esquizofrenia!