El Foro Español de la Familia y REDMADRE han advertido de que volver a la ley de 1985 «no es suficiente» para proteger la vida del no nacido y denuncian el «desconocimiento» del portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando sobre lo que sucedió en ese periodo, tras unas declaraciones a Europa Press en las que afirmó que la extinta ley de plazos «funcionó razonablemente bien».
Hernando (PP) ha señalado que «no tendría sentido que la reforma de ley del aborto que planea el Gobierno hiciera retroceder la legislación española a los tiempos anteriores a 1985» y ha calificado de «reflexión personal» las declaraciones del ministro, Alberto Ruiz Gallardón, en las que confiesa que se identifica «con que desaparezca el supuesto de aborto por malformación».
Posteriormente, Hernando ha negado que sus declaraciones sobre la reforma de la Ley de Aborto entren en contradicción con las tesis del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pues asegura que el Gobierno y el grupo parlamentario trabajan «de forma conjunta» y no pretenden en volver a la situación previa a la ley de supuestos de 1985, algo que, además, no sería posible.
En este sentido, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, recuerda que «al amparo de la ley de 1985 se produjo una situación masiva de fraude de ley especialmente en las clínicas privadas en la aplicación del supuesto de grave peligro para la salud psicológica de la madre».
«La cuestión no es ir más atrás o más adelante, se trata de, como mínimo, recuperar el régimen de protección de la vida del no nacido que según el Tribunal Constitucional exige nuestra Constitución», ha apostillado Blanco, que considera «insuficiente» esta medida. Además, asegura que es «el único caso de un delito tipificado que nadie se ocupó de comprobar» y lo ve «inadmisible» en un Estado de Derecho.
Por su parte, la directora general de la Fundación REDMADRE, Carmina García Valdés, ha dicho que «volver a la ley de 1985 seguiría dejando a las mujeres desprotegidas frente a las presiones para abortar». «Esta ley no contempla ayudas ni información previa para decidir si abortar o no», ha añadido.
De la misma forma, ha lamentado que esta ley «discrimine a las personas con discapacidad» –por los supuestos de aborto por malformación– y alude al acuerdo de la Convención de Naciones Unidas en torno a los derechos de las personas con Discapacidad, que en su artículo 10 insta a los gobiernos a proteger la vida de las personas con discapacidad y a que no haya discriminación.
«Sería una gran decepción porque cuando el ministro Gallardón habla en el Parlamento entendemos que lo hace como ministro y como miembro del Gobierno. Sería un desastre que todo se quedara en la opinión personal del ministro», ha sentenciado.
Fuente: EuropaPress
